Conferencia pronunciada en el Fórum Europa, titulada “Madrid: Libertad y Seguridad”.
I.- INTRODUCCIÓN
Decía Kennedy en uno de sus discursos que la responsabilidad del gobernante “es tomar decisiones, porque gobernar es elegir”.
Por eso, cuando hace dos años y medio el Partido Popular recibió la confianza de los ciudadanos para asumir el Gobierno:
Tuvimos que optar entre los intereses partidistas y España, y elegimos España, cosa que otros no hicieron ni antes ni ahora.
Tuvimos que elegir entre el conformismo de dejar las cosas como estaban, o el difícil reto de acometer reformas socioeconómicas imprescindibles, pero generadoras de descontento social, y elegimos el reto del cambio estructural y sus inevitables y negativas consecuencias electorales.
Tuvimos que decidir entre la irresponsabilidad de continuar gastando sin límite, o el compromiso de sanear la economía para evitar la bancarrota, y nos inclinamos por el compromiso del rigor y la estabilidad presupuestaria.
Porque la política no es estar, es enfrentarse a los problemas y tratar de resolverlos. Es erradicar cualquier forma de corrupción, eliminar clamorosas desigualdades y ofrecer a todos, y especialmente a los jóvenes, un futuro esperanzador en su país. Es, en definitiva, adoptar las decisiones necesarias para avanzar hacia una España mejor, pese a que ello conlleve costes electorales. Así lo entendemos en el Partido Popular.
En la segunda fase del Gobierno de Mariano Rajoy, en la que ahora estamos, podremos llevar a cabo aquellas medidas de nuestro programa electoral que tuvimos que aplazar, como la reforma fiscal y la bajada de impuestos, entre otras.
Porque consideramos que el programa electoral es un contrato suscrito con los ciudadanos, que hay que cumplir en cuanto las circunstancias lo hagan posible.
Para responder a los graves problemas socioeconómicos que nos situaban al borde del rescate, el Partido Popular ha llevado a cabo el mayor proceso transformador de la historia reciente de España, y lo ha hecho en solitario, y en las circunstancias más difíciles de las últimas décadas.
El proyecto reformista del Partido Popular ha abordado la transformación económica y social de España desde una perspectiva integral, lo que ha supuesto la adopción de medidas en todos los ámbitos para aumentar la competitividad económica, incrementar la transparencia, regenerar la vida política, luchar contra la corrupción, dinamizar el crédito y modernizar la Administración. Y eso es algo de lo que todos los militantes del Partido Popular debemos sentirnos orgullosos.
Este proceso transformador, que ahora empieza a dar sus frutos tímidamente, no ha sido el resultado de la improvisación, sino del desarrollo de políticas coordinadas y coherentes que responden a modelos sostenibles impulsados desde los diferentes ámbitos y niveles de Gobierno.
II.- EL MODELO DE SEGURIDAD DE MADRID
Partiendo de este criterio, como delegada del Gobierno de España he querido contribuir también al proceso transformador, impulsando desde el año 2012 un nuevo modelo de seguridad para Madrid, basado en la convicción de que una ciudad segura es más competitiva como espacio económico, más atractiva como destino turístico, más relevante como centro inversor, más idónea para generar empleo y, sobre todo, más grata como lugar para vivir y convivir. Sin seguridad no hay, desde luego, libertad: son dos caras de una misma moneda.
Nuestra política de seguridad ciudadana ha respondido, por ello, a un modelo propio, de carácter integrador, en el que nadie está excluido y en el que todos los agentes sociales participan activamente: desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, hasta los ciudadanos, instituciones y asociaciones.
Sólo así puede funcionar eficazmente un modelo basado en los principios de prevención policial, participación ciudadana y colaboración institucional que, pese a la situación de crisis que vivimos, ha conseguido disminuir la criminalidad en la Comunidad de Madrid durante 2013 en un 3´7%, llegando hasta el 4´35% en la capital de España.
De hecho, en 2013 se cometieron en la Comunidad de Madrid casi 15.000 delitos y faltas menos que en 2012. Y en el primer trimestre de 2014 seguimos disminuyendo la criminalidad, registrándose casi 1.000 delitos y faltas menos, respecto a igual periodo del año anterior.
Permítanme que, en este punto, felicite expresamente al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil por su extraordinaria labor tanto en la mejora de la seguridad ciudadana como en la defensa de las libertades públicas.
El modelo de seguridad de Madrid se estructura en cinco líneas estratégicas, a las que me referiré brevemente:
La primera, reforzar la cooperación con los Ayuntamientos y la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Porque creemos en la colaboración con instituciones y ciudadanos y en un modelo de gestión de la seguridad descentralizado, desde 2012 hasta hoy hemos celebrado 400 Juntas y Consejos Locales de Seguridad, la mayoría en pequeños y medianos municipios de la región. Como resultado de las mismas, en algunas localidades madrileñas la delincuencia ha descendido más del 20%.
La segunda línea estratégica del modelo de seguridad de Madrid se centra en el reforzamiento de la policía de proximidad, es decir, una policía que está presente y recorre las calles y, especialmente las zonas sensibles, para evitar la comisión de delitos.
Ha sido esencial, en este apartado, la reorganización de efectivos y la puesta en marcha de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional (UPR), que desde 2012 ha llevado a cabo en Madrid 235.371 actuaciones, con más de 4.000 detenidos.
En tercer lugar, el modelo de seguridad de Madrid presta una especial atención a la delincuencia organizada y a las tipologías delictivas que se desarrollan en zonas concretas de la ciudad y que castigan a los sectores económicos y sociales más vulnerables.
Me estoy refiriendo a las bandas criminales que tienen ramificaciones en el conjunto de la Comunidad de Madrid y también fuera de ella; al narcotráfico, que causa un gran daño social; a los butroneros y aluniceros, que castigan al sector del comercio, o al proxenetismo, estrechamente vinculado, las más de las veces, con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. También me refiero, por supuesto, a ámbitos urbanos con una especial problemática, como la Cañada Real, el polígono Marconi o Lavapiés.
El balance de actuaciones desde 2012 ha sido muy positivo: 518 grupos criminales desarticulados, con 3.978 detenidos en toda la Comunidad; 96 grandes operaciones contra la droga en la Cañada Real, con 1.927 detenidos y 13 clanes del narcotráfico desarticulados; 68 organizaciones criminales dedicadas al tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual desmanteladas, buena parte de las cuáles operaban en el Polígono Marconi; y desarrollo de un Plan específico de seguridad para el barrio de Lavapiés, que ha reducido la delincuencia en más del 2%.
Este conjunto de actuaciones ha contribuido, sin duda, a que el pasado año se cerrara con un descenso de la delincuencia violenta en Madrid del 11%, y un balance con 11 homicidios menos que en 2012. Madrid es una ciudad muy segura. De hecho, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes está por debajo de otras grandes capitales, como Londres, París, Roma o Berlín. En un ranking de 38 ciudades, Madrid ocupa el puesto 32.
Pero un modelo de seguridad quedaría incompleto si se centrara únicamente en la persecución del delito y de los delincuentes, olvidándose de la prevención educativa y de la participación social.
Por ello, nuestra cuarta línea de actuación se centra también en la educación para la seguridad, con el fin de evitar que los ciudadanos sean víctimas de delitos. Hemos potenciado, con este fin, los programas dirigidos a jóvenes y mayores, que han contado con más de 14.000 asistentes.
Como quinta y última línea estratégica del modelo de seguridad de Madrid, me referiré a la participación ciudadana.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad necesitan conocer de primera mano las inquietudes de los ciudadanos, los riesgos de las empresas, las amenazas que sufren los colectivos más vulnerables, y para ello debemos mantener canales de comunicación permanentes.
Por eso en 2013 duplicamos el número de actividades de participación por parte de Policía Nacional y Guardia Civil, hasta llegar a día de hoy a un total de 20.000 reuniones y actos de diverso tipo.
III. LOS RETOS DE LA SEGURIDAD
Nuestra política de seguridad no concluye con la determinación de un modelo propio, sino que se fija nuevos retos para adaptarse a la realidad social de cada momento y actuar con mayor eficacia.
Son cinco los retos que estamos abordando ya:
El primer reto es potenciar la lucha contra los ciberdelitos, Nuestra postura es de tolerancia cero con el uso delictivo de Internet y las redes sociales, lo que se ha traducido en un incremento del 40% en las operaciones relacionadas con la investigación tecnológica desde 2012.
El segundo reto es evitar la implantación de las bandas latinas en Madrid, un objetivo que hasta ahora hemos conseguido con la detención desde 2012 de 433 personas relacionadas con estos grupos. Para continuar luchando eficazmente contra las bandas latinas, vamos a impulsar los trámites de revocación de la residencia y las órdenes de expulsión del territorio nacional de los miembros de estas organizaciones criminales, en aplicación de las leyes orgánicas sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y de Protección de la Seguridad Ciudadana. Insisto: hablamos única y exclusivamente de los delincuentes que pertenecen a estas organizaciones criminales.
Nuestro tercer reto es mejorar las dependencias en las que prestan su servicio público las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, potenciando para ello la colaboración con los ayuntamientos y otras instituciones.
En cuarto lugar, nos fijamos como reto incrementar los programas de carácter preventivo, para evitar la progresión de nuevas conductas antisociales, que incurren incluso en tipologías delictivas. Vamos a hacer un plan específico para prevenir el racismo en el deporte, en colaboración con la Liga de Fútbol Profesional y los colegios de Madrid.
Por último, nuestro quinto reto es adecuar permanentemente el modelo de seguridad de Madrid para hacer frente con eficacia a las nuevas tipologías delictivas, de tal manera que podamos seguir reduciendo la criminalidad.
IV.- DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS
Junto a la seguridad ciudadana, a la que acabo de referirme, el segundo gran ámbito de actuación de la Delegación del Gobierno en Madrid tiene que ver con el ejercicio del derecho fundamental de reunión.
Estamos viviendo una crisis y un proceso de recuperación socieconómica difícil, en el que los españoles han tenido que hacer frente a muchísimas dificultades y sufrimientos y, como es lógico, esas tensiones se han trasladado a la calle que, en el caso de Madrid, y como si de un termómetro de la tensión social se tratara, vio multiplicado en 2012 y 2013 el número de manifestaciones.
El derecho de reunión y manifestación, al tratarse de un derecho fundamental y pieza clave de la democracia, goza de la máxima protección constitucional.
Hay tres aspectos de su regulación que no deben olvidarse: la Constitución, en su artículo 21, protege el derecho de reunión pacífica y sin armas; el ejercicio del derecho de reunión no necesita autorización previa, requiriéndose únicamente una comunicación en tiempo y forma, y una manifestación sólo puede prohibirse “cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”.
Se trata de un criterio exclusivo y excluyente, y no hay ninguna otra razón legal que legitime a la autoridad para impedir el ejercicio del derecho de reunión pacífica. Subyace, sin duda, a este marco legal, el espíritu del legislador constitucional de impedir la arbitrariedad de los poderes públicos, y la autorización, o no, en virtud de la ideología imperante en el Gobierno de cada momento.
Estos han sido los criterios que han guiado mi actuación en esta materia, desde el convencimiento de que sólo hay algo más desestabilizador para la democracia que una sociedad convulsa, y es una sociedad amordazada a la que se exija para manifestarse cualquier tipo de requisito no previsto en la ley.
Partiendo de este criterio, desde enero de 2012 hasta el 31 de mayo de 2014, se han celebrado en la Comunidad de Madrid 9.179 manifestaciones que, salvo contadas excepciones, han sido pacíficas.
Hay que destacar, sin embargo, que en 2014 han descendido de manera notable tanto el número de manifestaciones, como los asistentes a las mismas. Concretamente, desde el 1 de enero al 31 de mayo, se han celebrado en Madrid 803 manifestaciones menos que en igual periodo del año anterior, lo que supone una disminución del 36%, y en el 90% de los casos la asistencia ha sido de menos de 200 personas.
Aún así, el número de manifestaciones sigue siendo todavía considerable, y, en todo caso, por parte de la Delegación del Gobierno, seguiremos trabajando para compatibilizar el derecho de unos ciudadanos a reunirse, pero también el derecho de otros a transitar, a ejercer una actividad comercial, o a disfrutar de la ciudad.
Esperemos, en todo caso, que la tendencia decreciente se mantenga, porque ello será el mejor síntoma de que avanzamos en la estabilidad económica y social.
V. ESPAÑA, HOY
Una estabilidad que todos debemos esforzarnos en mantener cuando España vive, como ahora, tiempos de cambio.
Dentro de sólo unos días, asistiremos a la proclamación del nuevo Rey de España, Felipe VI, tras la abdicación de Juan Carlos I, que abre una etapa nueva y esperanzadora.
Sin embargo, en estos históricos y difíciles momentos, unos plantean con fervor la necesidad de someter a referéndum la forma política del Estado para instaurar la República; otros abogan decididamente por romper España por la vía de la independencia de determinados territorios; y algunos partidos de nuevo cuño plantean hacer tabla rasa de todos los consensos que han estado en la base de la estabilidad y la competitividad de nuestro país en las últimas décadas, y que conforman la esencia de nuestra democracia.
Ante estas actitudes disgregadoras y rupturistas, es necesario hacer un llamamiento a la responsabilidad, invocar el sentido de Estado de todos los representantes políticos y exigir que cualquier tipo de iniciativa que se plantee esté dentro de la legalidad constitucional.
Porque la Constitución de 1978 contempla distintos mecanismos orientados a hacer posible su reforma, siempre y cuando se cuente con las mayorías cualificadas necesarias.
Quienes se proponen instaurar un nuevo régimen político, quienes pretenden modificar el modelo territorial, quienes anhelan cambiar las reglas colectivas de convivencia, sólo necesitan tres cosas: plasmar sus reivindicaciones en un programa electoral, obtener la confianza de la mayoría de los españoles, y lograr el respaldo suficiente del Parlamento.
Esta es la vía. Esta es la única vía en un sistema democrático. Sin duda, el legítimo ejercicio del derecho fundamental de reunión permite tomar el pulso del sentimiento y las reivindicaciones de los ciudadanos, pero no es un plebiscito en sí mismo, como pretenden algunos. En un sistema democrático, los cambios de rumbo de profundo calado no pueden establecerse sólo a golpe de manifestaciones y de calle, ni de referéndum al margen de la ley, sino de votos y de urnas. Porque la democracia no son sólo las urnas, pero sin urnas no hay democracia.
Y a la hora de sopesar las opciones políticas, las alternativas económicas y los modelos sociales, no podemos ni debemos olvidar, al margen de las opciones personales de cada uno:
Que la Monarquía parlamentaria ha contribuido decisivamente a traer la democracia, a evitar que acabaran con ella, y a consolidarla durante los 39 años de reinado de don Juan Carlos I, por lo que merece respeto y confianza de cara al futuro en la persona del Rey Felipe VI, que va a encarnarla a partir de ahora.
Que el Estado Autonómico ha hecho posible el reconocimiento de la vigorosa diversidad territorial, por lo que debe facilitarse la eliminación de sus deficiencias y su readaptación a las necesidades del siglo XXI, siempre en el marco de la indisoluble unidad de la nación española.
Y que el modelo económico y social impulsado por la Constitución de 1978, ha contribuido a avanzar en el desarrollo y modernidad de nuestro país, aunque resulte necesario eliminar sus imperfecciones y contradicciones, pero nunca rompiendo las reglas del juego que nos aportan estabilidad y credibilidad internacional.
Recientemente, hemos asistido a unas elecciones de carácter europeo, que han sido objeto de un análisis en clave nacional, y sobre cuyos resultados me van a permitir que haga hoy algunas breves reflexiones, con la perspectiva de las tres semanas transcurridas desde su celebración.
En primer lugar, que debemos tener muy presente que la soberanía reside en los ciudadanos, y que son ellos, con su voto, quienes deciden y diseñan el mapa político. Un mapa que no está cerrado, que no es estático, y que puede modificarse sensiblemente, en cualquier momento, con la inmensa fuerza de las urnas.
Partiendo de esta realidad, y tras el 25M, sigue habiendo en España dos grandes partidos mayoritarios, pese a haber experimentado una notable pérdida de votos. La historia reciente acredita que la existencia de ambos partidos ha contribuido desde el inicio de la democracia a la estabilidad política de España, y, en mi opinión, sería bueno que siguiera siendo así.
La disminución del apoyo electoral de los dos partidos mayoritarios, ha derivado en una fragmentación del mapa político que, de acentuarse en elecciones futuras de alcance local y nacional, podría llegar a incidir negativamente en la gobernabilidad, la estabilidad y la integridad de España.
Máxime, si tenemos en cuenta el carácter rupturista en el ámbito político y territorial, de algunas de las formaciones que han recibido el apoyo ciudadano, al calor de los graves efectos sociales de la crisis económica y de proyectos separatistas contrarios a la lógica de los tiempos. De la aplicación real de las propuestas teóricas de unos y del resultado final de los proyectos disgregadores de otros, hemos tenido en la historia reciente de Europa y de América Latina más de una experiencia práctica, y ninguna ha sido buena.
Es el caso del nuevo partido enraizado en el movimiento 15M, que plantea cambios radicales de carácter político, económico y social, y que pretende dejar a un lado los grandes consensos que hicieron posible la transición democrática y la Constitución. Todo ello en base a un programa que aúna a partes iguales populismo y demagogia, y cuya aplicación dañaría irreversiblemente, sin duda, nuestra credibilidad internacional. Pero el papel lo aguanta todo. Hay que decir al respecto, en todo caso, que es positivo que los movimientos antisistema se incorporen como una pieza más del propio sistema, pero no lo es tanto que hagan una utilización partidista del descontento ciudadano ni que su objetivo final sea romper unilateralmente las reglas del juego democrático.
Destaca también en las elecciones del 25M el apoyo ciudadano a determinados partidos soberanistas catalanes, que no se conforman con el altísimo grado de Autonomía conseguido hasta ahora, sino que pretenden utilizar las elecciones, el Estatuto de Autonomía y la propia Constitución para alcanzar la independencia de Cataluña.
Asistimos a un proceso escalonado en el que algunos dirigentes y partidos catalanes han considerado que el Estado de las Autonomías configurado en la Constitución, y delimitado por el Estatuto, no empieza y termina en sí mismo, sino que, en un ejercicio práctico de deslealtad institucional permanente, es una simple herramienta para avanzar, como decía una famosa frase cinematográfica, “hasta el infinito y más allá”. Entendiendo por tal la independencia de Cataluña rompiendo la unidad nacional y la propia unidad de Europa, no como último, sino quizás como primer paso hacia la configuración de un nuevo mapa político de alcance imprevisible, por su alto potencial expansivo en otros territorios limítrofes.
Por lo que se refiere al Partido Popular, la experiencia de las elecciones europeas y sus resultados, debe hacernos considerar tres cuestiones fundamentales.
La primera, que no basta con hacer un extraordinario esfuerzo, como lo está haciendo el Gobierno de Mariano Rajoy, para gestionar eficientemente la economía, crear empleo y salir de la crisis, si no somos capaces de que los ciudadanos perciban que todos los esfuerzos y todos los sacrificios que se les han pedido tienen como único objetivo salvaguardar el interés general, que es el interés de los propios ciudadanos. Y haciendo posible, además, que los resultados de ese proceso no sólo se reflejen en las cifras macroeconómicas sino también en las economías domésticas y en la generación de puestos de trabajo.
La segunda cuestión a considerar, es que todos esos esfuerzos orientados a la recuperación económica, se ven empañados por episodios de corrupción, que debemos seguir combatiendo sin descanso, mediante el impulso riguroso de un proceso de regeneración y de transparencia que devuelva a los ciudadanos la confianza en la política y en los políticos.
La sociedad no puede digerir nunca, pero más aún cuando a muchos ciudadanos les faltan recursos esenciales para la subsistencia, que quienes están al frente de las instituciones no guardan el más escrupuloso respeto por los recursos públicos. Por eso, para tratar de superar la desafección de los ciudadanos, mostrando que los políticos no formamos parte del problema, sino de su solución, tenemos que ser inflexibles con la corrupción, y exigir no sólo legalidad, sino también ética en la gestión. Porque si la democracia no es capaz de acabar con la corrupción, la corrupción puede acabar con la democracia.
La tercera cuestión en la que debemos perseverar es en sintonizar no sólo con el electorado del Partido Popular, que por supuesto, sino también con el conjunto de la sociedad, que reclama que apliquemos medidas de reequilibrio social, eliminemos lacerantes desigualdades económicas, y generemos empleo de calidad para acabar con los inaceptables niveles de paro, luchando contra la exclusión y facilitando oportunidades para la formación académica y profesional.
Sentando las bases, en definitiva, para avanzar hacia una sociedad más competitiva en lo económico, pero también más justa, más equitativa y mucho más solidaria en lo social.
Estamos en el buen camino para alcanzar estas metas. Hay futuro y hay esperanza.
Pero debemos tener muy presente que no es momento para la división, sino para la unidad; no es momento para la autocomplacencia, sino para la autocrítica; no es momento para el egoísmo, sino para la solidaridad; no es momento para los localismos, sino para la visión de Estado.
Si todos, independientemente de las ideologías, lo entendemos así, podremos construir una España mejor y un mejor futuro para los españoles.
